Igualdad justifica así que haya acusado en Twitter a inocentes de muertes de mujeres: «No damos sus datos»

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha justificado seguir publicando polémicos mensajes en Twitter en los que condena a inocentes de muertes de mujeres. Y lo ha hecho a través de una respuesta parlamentaria -consultada por OKDIARIO- al grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, donde esgrime que no hay ningún perjuicio para el acusado falsamente, porque en dichos mensajes desde cuentas oficiales del Gobierno no se dan sus «datos personales».

Ante la pregunta de Vox al Ministerio de Igualdad sobre si realiza alguna publicación posterior para reparar el honor y mitigar el daño moral causado al inocente, el departamento de Irene Montero contesta que «los tuits referidos» fueron redactados «cumpliendo exquisitamente la normativa nacional e internacional expuesta, ya que no se divulgan datos personales, ni de las víctimas ni de los agresores, que permitan la identificación de los mismos. Es por ello que en ningún caso de esta actuación puede derivarse lesión al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ni por ende daño moral alguno», sostiene Igualdad.

En cambio, Vox denuncia que «el derecho a la presunción de inocencia debe ser respetado en todos los procesos penales en tanto no haya recaído sentencia condenadora, lo cual sólo puede ocurrir tras la celebración del judicial». Para la formación de Abascal, «la jurisprudencia constitucional es tajante al afirmar que los poderes públicos están obligados a respetar y sujetar su actuación a este derecho que es, al mismo tiempo, un principio procesal de actuación».

«Juicio mediático»

En este sentido, Vox subraya que «este tipo de pronunciamientos irrespetuosos del derecho a la presunción de inocencia tiene un efecto último: de facto, colaboran en el juicio mediático del -aún- sospechoso (muchas veces ni siquiera imputado), que difícilmente puede luego rectificarse, incluso aunque resulte absuelto en sede judicial. En las redes sociales, esa persona es y será una asesina o, cuando menos, se cernirán sobre ella la duda y la sospecha», lamenta la tercera fuerza del hemiciclo.

Por ejemplo, en el pasado mes de marzo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que dirige la juez Victoria Rosell, de Unidas Podemos, publicó un mensaje en Twitter para «confirmar el presunto asesinato por violencia de género relativo a la mujer de 38 años asesinada presuntamente por su pareja sentimental el 30 de noviembre en la provincia de Madrid. La víctima no tenía hijos/as menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género», manifestó este organismo dependiente del Ministerio del Irene Montero. Es decir, habló expresamente de su «pareja sentimental» y vulneró la presunción de inocencia.

De este tuit se hicieron eco tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habló en su perfil oficial de  «criminal zarpazo de la violencia de género», como la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, que se mostró «consternada por la confirmación de otro asesinato machista más en Madrid».

Sin embargo, tres meses después, el juez de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid archivó la investigación sobre esta muerte y ordenó la puesta en libertad del hombre tras permanecer ese tiempo en prisión provisional. El magistrado tomó esta decisión tras certificar la autopsia que el fallecimiento de la mujer se debió a un infarto agudo de miocardio. En la exposición de motivos de su pregunta parlamentaria, Vox relata este episodio.

Otro caso fue el de la muerte de una mujer de 55 años en Valladolid el 13 de abril. La misma Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género escribió esta alerta en su cuenta oficial de Twitter: «Estamos recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 55 años en Valladolid. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 19 en 2020 y a 1.052 desde 2003».

Sin embargo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Valladolid ha dejado en libertad al marido de la mujer fallecida al constatar que su muerte se había producido al precipitarse al vacío desde una ventana de una vivienda. Es más, el hombre intentó sujetarla para evitar que se arrojara. Así se desprendió del atestado policial y de las declaraciones del detenido y de los testigos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

Y en el mismo mes de abril, dos semanas después, el Gobierno volvió a condenar a otro inocente. En este caso, el organismo que dirige Rosell escribió en Twitter: «Confirmamos el asesinato por violencia de género de una mujer de 48 años, asesinada presuntamente por su pareja en Corbera de Llobregat, provincia de Barcelona. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2020 y a 1.052 desde 2003». Este mensaje también fue difundido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que calificó lo ocurrido de «violencia machista» y añadió: «Estos días son si cabe más difíciles para las mujeres que sufren violencia de género».

Pero aquí, igualmente, el hombre de 45 años señalado como «asesino» por el jefe del Ejecutivo quedó en libertad, porque no existía ninguna prueba contra él. Tras las primeras pesquisas, la investigación indicó que la muerte pudo deberse a un accidente o un suicido. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, incluso se inventó que el detenido había «confesado el crimen».